Los fraudes digitales dejaron de ser únicamente un problema tecnológico para convertirse en un desafío jurídico. Con la incorporación del llamado “engaño digital” o phishing al Código Penal de la Ciudad de México, las autoridades buscan fortalecer las herramientas legales contra quienes utilizan páginas falsas, mensajes engañosos y plataformas clonadas para robar información personal, financiera y fiscal.
La reforma publicada el 22 de julio de 2026 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México adiciona el artículo 231 Bis al Código Penal para el Distrito Federal, creando una figura específica para sancionar conductas relacionadas con la suplantación digital de instituciones públicas y privadas.
De acuerdo con el especialista en Derecho Fiscal, Prevención de Riesgos Fiscales y Financieros, Noé Amaro Luis, esta modificación representa un avance importante porque reconoce que los delitos también evolucionaron con la tecnología.
“Durante años, las víctimas de este tipo de fraudes enfrentaron una dificultad adicional: encontrar una figura jurídica adecuada para conductas que no ocurrían de manera tradicional. Hoy los delincuentes operan mediante páginas clonadas, aplicaciones falsas y mensajes diseñados para generar confianza o miedo”, explicó el abogado.
Los casos de suplantación bancaria y fiscal se han vuelto cada vez más sofisticados. Un usuario puede recibir un mensaje aparentemente enviado por su banco alertando sobre un movimiento sospechoso y solicitando ingresar a un enlace para “validar su identidad”.
El sitio falso puede replicar colores, logotipos y lenguaje institucional, pero su objetivo es obtener contraseñas, códigos de seguridad o datos financieros.
Una situación similar ocurre con mensajes que aparentan provenir del Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde delincuentes informan sobre supuestos adeudos, devoluciones pendientes o irregularidades fiscales para obtener información confidencial o solicitar pagos.
¿Qué conductas serán sancionadas?
La nueva figura penal contempla, entre otras acciones:
Crear páginas web falsas que imiten instituciones reales.
Utilizar dominios o aplicaciones que aparenten ser legítimas.
Enviar mensajes fraudulentos conocidos como phishing.
Obtener ilegalmente datos personales, financieros o credenciales de autenticación.
Las personas responsables podrían enfrentar penas de 3 a 6 años de prisión, además de multas de 200 a 600 UMA (Unidades de Medida y Actualización).
La sanción podrá aumentar hasta en una mitad cuando las víctimas sean personas adultas mayores, personas con discapacidad o menores de edad, debido a su condición de mayor vulnerabilidad.
Para Noé Amaro Luis, la importancia de esta reforma radica en que permite que las autoridades tengan un marco más claro para investigar y perseguir delitos que antes podían quedar relacionados con figuras jurídicas generales.
“El fraude ya no solamente ocurre frente a una persona o mediante una llamada telefónica; ahora sucede detrás de una pantalla, con dominios que cambian una letra, correos falsificados y herramientas digitales diseñadas para manipular a las víctimas”, señaló.
El especialista consideró que el reto ahora será lograr una correcta aplicación de la norma, establecer criterios claros para distinguir el engaño digital de otros delitos como fraude tradicional o robo de identidad, y garantizar que las investigaciones respeten los principios de legalidad.
Recomendaciones para evitar ser víctima:
Ante este nuevo escenario, Noé Amaro Luis recomienda:
No proporcionar contraseñas, NIP o códigos de seguridad por mensajes, correos o llamadas.
Revisar cuidadosamente las direcciones electrónicas antes de ingresar información.
Evitar actuar bajo presión ante mensajes que generen miedo o urgencia.
Confirmar cualquier aviso directamente con las instituciones mediante sus canales oficiales.
Denunciar inmediatamente en caso de haber sido víctima.
La incorporación del engaño digital al Código Penal capitalino refleja una nueva realidad: la delincuencia también migró al entorno digital y la legislación busca adaptarse para ofrecer mayor protección a ciudadanos, empresas y usuarios.
